El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la escala de transmisión del virus. Con el fin de poder controlarla, invitó a todos los países a emprender acciones con miras a reducir el riesgo de contagio, siendo el aislamiento social la herramienta más efectiva para proteger la vida y salud de las personas.
Como consecuencia de dicha Declaración, y ante el avance del brote del COVID-19 en la región, el 15 de marzo de 2020 el gobierno peruano decretó el estado de emergencia por 15 días, seguido de cuarentena general y cierre de fronteras. Por su parte, el 18 de marzo el gobierno chileno decretó el estado de catástrofe en todo el territorio por 90 días; y el gobierno colombiano el 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020, seguido de un decreto presidencial que establece un aislamiento preventivo obligatorio de 19 días iniciado el 25 de marzo. En cuanto al gobierno mexicano, el 23 de marzo se dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia, una de las medidas preventivas de aislamiento social para evitar el incremento de contagios del COVID-19.
En este contexto, los Ministerios de Educación de los países de la Alianza del Pacífico decretaron la suspensión de clases en todos los niveles de educación en los sectores público y privado. Por ello, vienen implementando una serie de acciones para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, y mitigar sus efectos en el cumplimiento de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como en el bienestar y seguridad de la comunidad educativa.
Acciones realizadas por cada uno de los países:
A fin de evitar cualquier situación que exponga a las y los estudiantes al riesgo de contagio y propagación del COVID-19, los gobiernos de la Alianza del Pacífico vienen implementando una serie de acciones para preservar la salud de todos los actores de la comunidad educativa, tanto pública como privada, garantizando el derecho a la educación.